Saldos de la Guerra Sucia

AFP-Jesús Aranda (La Jornada)

Funcionarios públicos, vinculados con desapariciones forzadas: ONU

Integrantes del Comité Eureka e HIJOS, durante una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde exigieron la presentación con vida de activistas y militantes políticos, y castigo a los responsables del delito de desaparición forzadaFoto Carlos Cisneros

El organismo internacional presenta en Ginebra informe sobre México

Recomienda considerar el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad

Periódico La Jornada

Martes 6 de marzo de 2012, p. 5

Ginebra, 5 de marzo. Funcionarios públicos de México participaron en desapariciones de personas durante la llamada guerra sucia en ese país, según un informe presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, organismo dependiente de la ONU.

El grupo de trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por autoridades o por grupos criminales o particulares, actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos, dice el informe, redactado por tres expertos independientes de la ONU, integrantes del citado grupo que visitó México en marzo de 2011.

La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país, recalca el informe, sumadas a las llevadas a cabo por grupos del crimen organizado, en total 346 en 2010, alrededor de 3 mil a partir de 2006, calcula la ONU.

Puntualiza también detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles, presuntamente llevados a instalaciones castrenses, mencionando casos sucedidos en los estados de Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Personal militar habría interrogado a personas detenidas, a veces utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyos responsables serían elementos del Ejército y otras fuerzas de seguridad, y agrega desapariciones por cortos periodos de tiempo, lo que se suele llamar levantones, detalla el documento.

Los expertos critican que las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos castrenses estén sujetas a la jurisdicción militar, pues la ONU señala que deben ser abordadas por autoridades civiles.

La delegación de México, que no negó los hechos imputados, señaló que con posterioridad a la visita del grupo de trabajo, concretamente el 13 de julio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió restringir el fuero de los tribunales militares, mismos que no deberán juzgar delitos relacionados con violaciones de derechos humanos contra civiles.

La ONU contabiliza a mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, quienes constituirían sectores de particular vulnerabilidad en padecer desapariciones.

Los casos contra mujeres no se localizarían solamente en Ciudad Juárez, ejemplo muy conocido, pues se darían paralelamente “en otras regiones, pese a que la ‘información pública disponible es escasa”.

Ante ello, la ONU recomienda considerar a corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, derecho y deber del Estado, cuyas acciones correspondientes, desde luego, no pueden efectuarse a expensas del respeto a los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas.

Naciones Unidas pide a México regular el uso de la fuerza por parte del Ejército y todas las corporaciones policiales, como medida preventiva respecto de las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos.

México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, y gran número de autoridades se niegan a registrar estos casos 72 horas después de que ocurrió el hecho, periodo fundamental para obtener información sobre el desaparecido y evitar su asesinato.

Los expertos del organismo internacional enfatizaron la necesidad de eliminar de la legislación la detención mediante arraigo, medida que habilita el aislamiento de personas en casas de seguridad hasta por 80 días, sin cargos y con un contacto muy limitado con abogados y familiares, siendo su paradero frecuentemente desconocido.

La Organización de Naciones Unidas resume en el informe que las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los agentes del Ministerio Público ni en las fuerzas armadas; sostiene finalmente que la impunidad es crónica en México, país que no realiza los esfuerzos suficientes para sancionar a los autores y garantizar verdad y reparación del daño.

Preocupante, el reporte de la ONU sobre desaparición forzada, señala ombudsman

No hay justificación para negarse a recibir y cumplir recomendaciones
En 2011, la CNDH abrió 182 expedientes de personas reportadas en esa condición
Periódico La Jornada

Miércoles 7 de marzo de 2012, p. 3

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que es preocupante el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual señala que funcionarios públicos de México participaron en delitos de ese tipo en el contexto de la guerra suciaque tiene lugar en el país.

Entrevistado ayer luego de presentar su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia dijo que ante violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada, la privación de la vida o la tortura, no existe justificación para una negativa a aceptar y cumplir recomendaciones.

El ombudsman recordó que en años recientes la CNDH ha emitido varias recomendaciones sobre desapariciones forzadas en hechos en los que participan servidores públicos.

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que encabeza Genaro García Luna, no aceptó una recomendación –y no encuentra justificación alguna– acerca de un caso grave de desaparición forzada en el ejido de Buenaventura, Chihuahua.

Por otra parte, Plascencia manifestó que los penales del país continúan en condiciones muy deplorables y reveló que en casi la mitad de los centros penitenciarios existe un autogobiernode reclusos por la falta de controles administrativos internos.

Adelantó que en un diagnóstico sobre penales a escala nacional, que hará público en unos dos meses, la CNDH concluye que las prisiones continúan en condiciones muy deplorables. Puso de ejemplo el reciente cateo en un centro penitenciario de Nuevo León, donde encontraron granadas, armas y una serie de productos totalmente ilícitos, lo cuales reflejo de la situación que se vive y se padece en la mayor parte de los penales del país.

Antes, durante la lectura de su informe de labores –que hizo público hace unos días ante el Presidente de la República–, el ombudsman señaló que en 2011 la CNDH abrió 182 expedientes relacionados con personas reportadas como desaparecidas, además de más de 500 trabajos de campo y 31 mil solicitudes de información realizadas por el personal del organismo a diversas autoridades.

En 2011, sostuvo ante el pleno del máximo tribunal del país, la sociedad mexicana vivió momentos difíciles en materia de derechos humanos; por una parte, la problemática de seguridad pública, derivada de la lucha de las fuerzas del orden contra de la delincuencia organizada, y destacó el hecho de que en los enfrentamientos perdieran la vida 43 personas ajenas a los hechos; y por otra, la situación de vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el aumento de la indignación de la sociedad y el incremento sustancial en el número de quejas recibidas por la CNDH.

Por otra parte, Plascencia destacó las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que fueron producto del reclamo de la sociedad, preocupada por erradicar las violaciones a sus garantías, reflejadas en innumerables casos de arbitrariedades de servidores públicos que excedieron todos los límites jurídicos y sociales. Sin duda, concluyó, la modificación al texto constitucional no podrá por sí misma resolver de raíz todos los abusos, pero será un freno para quienes conciben el ejercicio del gobierno con una mentalidad autoritaria y abusiva.

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