El año que Jack Bauer gobernó a México

El año que Jack Bauer gobernó a México

Víctor M. Toledo

Jack Bauer, apodado también el invencible, el inexpugnable y el increíble, tomó posesión de la primera magistratura del país el día que los enemigos cerraron con vehículos incendiados las entradas de su ciudad natal, justo cuando apareció degollada y sin brazos la estatua emblemática de la siempre hermosa Costera de Acapulco, casi a la hora en que aparecieron en Zacatecas, rodando como melones, tres cabezas de supuestos narcotraficantes, y cuando una investigación reportó la huida de los dueños de 5 mil ranchos en Tamaulipas, y cuando las funestas estadísticas de decesos por violencia alcanzaron la cabalística cifra de 30 mil. Para hacerlo, se hizo construir, en el máximo secreto, un fortín subterráneo dotado de las más altas tecnologías. Y desde ese búnker, desde esa especie de vientre fortificado, decidió gobernar al país, y más que gobernar, decidió neutralizar, sofocar, derrotar, aplastar y extinguir a los criminales de la droga. Se dice que utilizaba siempre ropa casual, zapatos tenis, unos guantes de hule muy delgado, los cuales utilizaba para teclear o accionar aparatos sofisticados, y una sudadera en cuyo pecho estaba grabada la imagen más conocida de la Virgen de Guadalupe.

Solo en su laberíntico resguardo, Jack Bauer se tomó unos minutos de descanso y dejó que le llegaran libremente los recuerdos. Entonces recordó sus temporadas de niño repartiendo volantes y pintando bardas para el partido de su padre, rememoró sus años de adolescente en el Instituto Valladolid, incluido el pensamiento marista colocado a su entrada, y la enorme emoción que le provocó ser elegido dirigente de la Internacional Demócrata Cristiana. Luego no quiso saber más de su meteórica carrera política, obnubilado por los catálogos de armas, por las imágenes satelitales desplegándose en las enormes pantallas, por el vértigo de tener bajo control cada municipio, cada región conflictiva, cada pedazo de sierra o de costa.

Basado en el siempre útil principio de que “the ends justify the means”, e inspirado en una amalgama incomprensible de creencias tecnológicas y religiosas que lo mismo incluía a San Judas Tadeo, el santo de las cosas imposibles, que a los más potentes ge-pe-eses y a los equipos más avanzados de cómputo, telecomunicaciones y geomática, Jack Bauer creyó siempre, sin dudarlo ni un instante, que de esa forma vencería a las organizaciones criminales, liberaría al país, y sería reconocido para siempre como el salvador del siglo. Su narcisismo líquido, siempre desapercibido y encubierto por los apotegmas del libre comercio, la familia normal, nuclear y decente, y su entrega total contra las fuerzas del mal, había logrado permanecer oculto, junto a él, en aquel búnker lleno de relojes digitales.

Ocho meses después y a pesar de haberse rodeado de los más leales (o serviles, dio lo mismo) colaboradores, de los técnicos mejor seleccionados y de los militares de elite mejor entrenados y confiables, Jack Bauer fue conminado a abandonar no sólo el búnker sino su proyecto y su posición de primer mandatario. Con un país hecho pedazos por la violencia y la ingobernabilidad, el Congreso mexicano decidió desaforarlo tras semanas inciertas de debates y controversias, donde prácticamente nadie osó defenderlo, incluyendo a los de su propio partido. Y todo, transacciones mercantiles, armas sofisticadas, tecnologías estupendas, quedó desvanecido, por los clamores de una nación desesperada. Y a esas alturas Jack Bauer, obsesionado con sus juguetes, ya no supo responder a la pregunta tan sencilla como obligada de cuál era su nombre, formulada por la comisión encargada de encararlo, lo que terminó por confirmar los diagnósticos realizados a distancia por un equipo de especialistas. A veces dijo vagamente Guadalupe Victoria, a veces Buggy El Aceitoso o Antonio López de Santa Anna, y a veces el apodo incompleto de un mártir cristero. Jack Bauer fue sacado sin que opusiera resistencia de su escondido búnker, y llevado de inmediato a la ambulancia que lo conduciría hasta el manicomio. Y ahí donde todo terminó, ahí empezó todo. Como sucede siempre.

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  1. Desapariciones forzadas del calderonismo

    http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/desapariciones-forzadas.htm

    Zósimo Camacho

    Al menos 23 personas vinculadas a organizaciones políticas y sociales han sido desaparecidas durante los últimos 18 meses. A la lista que encabezan dos integrantes del EPR –quienes cumplen un año de haber sido secuestrados supuestamente por el gobierno federal– se suman activistas de paupérrimas zonas rurales. El combate al narcotráfico, sólo un ardid para militarizar el país, consideran analistas y defensores de derechos humanos

    Desde la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, se ha denunciado la detención y desaparición forzada de al menos 23 integrantes de organizaciones sociales y políticas. Entre ellos están cuatro indígenas que desaparecieron en las vísperas del cambio de gobierno federal. La lista, integrada por centros de defensa de derechos humanos, no incluye los sucesos en los que no se presume un móvil político. En total, los casos de desaparecidos y levantados en lo que va del sexenio superarían los 300.
    Considerada como un crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada de personas se ha mantenido vigente como mecanismo para “dirimir” conflictos políticos durante las dos administraciones panistas, denuncian directores de centros de derechos humanos y especialistas.

    Advierten que el recrudecimiento de esta práctica coincide con el despliegue de efectivos militares en las ciudades de los estados de la república y en las paupérrimas comunidades indígenas y campesinas. El supuesto combate al tráfico de drogas sería un ardid para militarizar el país. El objetivo real, señalan, sería la desarticulación de movimientos sociales.

    La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) documentan la desaparición de 23 personas desde las vísperas del 1 de diciembre de 2006 hasta la fecha: más de un individuo cada mes.

    La Afadem –que mantiene estatus consultivo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ONU) y es integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)– señala, sin embargo, que la cifra verdadera asciende a más de 100 personas, de las cuales la organización aún no acredita que su desaparición se deba a motivos políticos. Otros 200 casos estarían relacionados con las supuestas disputas de los cárteles del narcotráfico.

    —Están ocurriendo muchos casos de desaparición que se hacen pasar por levantones del narcotráfico. Por ello debemos ser cuidadosos. Ahorita se trata de una lista preliminar –dice el secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata Montiel.

    El también vocal de la Fedefam agrega que “decenas de casos de desaparición son calificados inmediatamente por las autoridades como levantones, para descalificar los hechos como un ajuste de cuentas entre delincuentes”.

    El defensor de derechos humanos reconoce que el número de desaparecidos políticos por sexenio “descendió de manera importante”, luego del fin del régimen priista.

    —Nunca dejaron de suscitarse estos actos, pero se hicieron más selectivos con la llegada del PAN (Partido Acción Nacional) al poder. Sin embargo, ahora con el calderonismo se recrudece de nuevo esta situación.

    Otras organizaciones –entre ellas el Ejército Popular Revolucionario (EPR)– han señalado la detención-desaparición de más de 30 personas en lo que va del gobierno de Felipe Calderón sin proporcionar más datos. La Afadem, la Limeddh y el Frayba ponen nombre, apellido y lugar de detención-desaparición a 23.

    La Afadem –integrante junto con 100 grupos más del Frente Nacional Contra la Represión– no descalifica el conteo de otras organizaciones defensoras de derechos humanos. “No nos cabe duda que hay más de 30 casos de desaparición forzada en México; pero nosotros aún no podemos documentar todos los casos”.

    Desaparecidos del calderonismo
    Se trata de 16 hombres y tres mujeres secuestrados aparentemente por motivos políticos desde el 1 de diciembre de 2006. A ellos se les suman cuatro hombres más que desaparecieron a 15 de días de que Felipe Calderón protestara como presidente de México.

    En los últimos 18 meses, 10 personas desaparecieron en Nuevo León (ocho en Cadereyta y dos en Monterrey); cinco en Oaxaca (dos en la ciudad de Oaxaca, dos en Juxtlahuaca y uno en Juquila); cuatro en Chiapas (todos, del municipio de Ocosingo); tres en Guerrero (dos en Chilpancingo y uno en Acapulco), y uno en Michoacán (Morelia).

    Jorge Gabriel Cerón, arquitecto, fue detenido-desaparecido el 14 de abril de 2007 en Chilpancingo, Guerrero. Es integrante de las organizaciones civiles Voces y Rostros y Taller de Desarrollo Comunitario. Según testigos de la detención, fue llevado por policías ministeriales del estado.

    Baltasar López Pita fue detenido-desaparecido el 9 de mayo en Paso del Limonero, en Acapulco, Guerrero. Hasta el momento de su detención, era un pequeño comerciante de tortilla y masa. Testigos aseguran que quienes se lo llevaron vestían uniformes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
    Hilario y David Vega Zamarripa fueron desaparecidos entre el 16 y el 17 de mayo de 2008. Ambos eran integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El primero era secretario general de la sección 49 de dicha organización. Junto con ellos, los captores se llevaron a ocho personas más: la esposa de David, dos hermanos de ella y otros tres obreros, de quienes no se proporcionaron los nombres. De acuerdo con testimonios recabados por el Frente Nacional Contra la Represión, todos habrían sido detenidos por militares y trasladados al campo militar número 1.

    El EPR los ha deslindado de su organización, pero reclama su presentación.
    Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez –integrantes del Partido Democrático Popular Revolucionario del EPR y supuestamente directivos de la misma organización– fueron detenidos y desaparecidos el 25 de mayo de 2007. El movimiento armado ha señalado al Ejército Mexicano y a la policía ministerial de Oaxaca como los autores de la detención.

    Francisco Paredes Ruiz, miembro de la Fundación Diego Lucero y del Frente Nacional Contra la Represión, desapareció el 26 de septiembre de 2007. El exintegrante del extinguido Movimiento de Acción Revolucionaria había participado tres días antes en una conmemoración del asalto al cuartel de Madera, en Chihuahua. Hasta el momento no se cuenta con testigos de su detención. Tiene 58 años de edad.

    Rafael Bautista Ramírez fue visto por última vez el 25 de mayo de 2007 en Chilpancingo, Guerrero. El EPR ha demandado su presentación, como la de otras nueve personas, pero ha sido tajante en deslindarlas de su organización.
    Virginia y Daniela Ortiz Ramírez desaparecieron el 5 de julio de 2007. Virginia, de 20 años, se desempeñaba como profesora de educación primaria bilingüe. Su hermana, de 14, era estudiante de secundaria. Son originarias de la comunidad El Rastrojo Copala, Juxtlahuaca, en la región Mixteca de Oaxaca. Pertenecen al Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT).

    Lauro Juárez, indígena chatino de 50 años, integrante de la Unión de Campesinos Pobres-Frente Popular Revolucionario (UCP-FPR) desapareció el 30 de enero de 2007. El 5 de marzo pasado se encontró una osamenta que, a decir de las autoridades, sería de Lauro. Los estudios no han concluido.
    Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca del Noroeste desaparecieron el 10 de mayo de 2007 en Monterrey, Nuevo León. López Candanosa cubría, entre otras fuentes, la policiaca. Elizabeth Tiscareño, directora de información del canal, dijo a la organización Reporteros sin Fronteras que el periodista cubrió “durante seis meses la presencia del Ejército a causa de la violencia constatada en la región”.

    Además, el 13 de noviembre de 2006, en las postrimerías del foxismo, un grupo de supuestos paramilitares de la comunidad Nueva Palestina ingresó a la comunidad Viejo Velasco, perteneciente al municipio chiapaneco de Ocosingo. Luego de la incursión, no se supo más del paradero de cuatro indígenas: Pedro Núñez Pérez, Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo y Antonio Peñate Montejo. Los habitantes de Viejo Velasco se declaran simpatizantes del zapatismo.

    La Afadem ha documentado 1 mil 290 desapariciones forzadas de personas, sucedidas entre 1967 y 2008. El mayor número de casos ocurrió en 1974, año en que se fundó la organización, en plena guerra sucia del Estado mexicano contra los movimientos armados.

    Mata Montiel considera que la causa del secuestro ilegal de personas por parte del Estado es la misma en 2008 que durante la década de 1970: “Intentar apaciguar, retener o contener a los movimientos sociales. Pero no sólo se valen de la desaparición forzada: también de la ejecución extrajudicial y la tortura”.

    Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, explica que, a diferencia de los secuestros y levantones, las desapariciones son realizadas por cualquier grupo del Estado.

    —Se trata de policías estatales, federales, el Ejército y grupos paramilitares. Estos últimos también están ligados al Estado porque cobran en él y están entrenados por el Ejército. Y se realiza contra integrantes de organizaciones políticas, sociales, de defensa de derechos humanos. Busca desarticular a toda la agrupación. Se vale del terror para desaparecer una actividad política en un lugar determinado.

    Lamenta que a cualquier secuestro se le llame levantón, porque con ello se pretende descalificar una posible desaparición forzada, haciéndola pasar como un “ajuste de cuentas entre delincuentes”. Agrega que la militarización del país incrementa las posibilidades de violación a los derechos humanos y, por tanto, las desapariciones.

    Consecuencias de la militarización
    El saldo de la “saturación militar” en las comunidades indígenas y campesinas que presentan casos de desaparición forzada es el deterioro del tejido social, explica Jorge Luis Sierra.

    —Las fuerzas armadas están ahí para controlar la población y pueden hacer muy poco para superar los problemas añejos de injusticia y de malestar social y económico.

    El autor de El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México explica que el Ejército se apoya en “fuerzas” de las propias comunidades a las que llega. “Y les deposita una función de control social. Como resultado tenemos el uso indebido, indiscriminado e impune de la violencia, como ha sido el caso de los paramilitares en Chiapas”.
    Para Julio Mata, secretario ejecutivo de la Afadem, las desapariciones forzadas en México se siguen cometiendo “porque no pasa nada: no hay un solo enjuiciado por ese delito. Los criminales siguen libres, siguen en diferentes puestos del gobierno mexicano. La misma política se mantiene contra líderes sociales y contra gente que ha estado vinculada a los movimientos armados. Esto ocurre en los tres niveles de gobierno y de todos los partidos políticos”.

    Combate al narcotráfico, la coartada:

    El incremento del número de casos de desaparición de activistas coincide con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República y el despliegue de efectivos militares en una supuesta “guerra” contra los cárteles de la droga.
    El incremento del número de casos de desaparición de activistas coincide con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República y el despliegue de efectivos militares en una supuesta “guerra” contra los cárteles de la droga.
    Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional y fuerzas armadas, rechaza que los operativos militares incidan en el tráfico de estupefacientes por el territorio mexicano.

    —El flujo general de drogas persiste con las mismas características de siempre. El nivel de decomiso no ha cambiado. Sigue siendo del 10 por ciento del total de la cantidad de droga que se estima pasa por México rumbo a Estados Unidos.

    El especialista en política y economía de la defensa, por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, sentencia que, a pesar de los despliegues militares y la campaña mediática de lucha contra el tráfico de drogas, “no hay ningún golpe al narcotráfico”.

    Sin embargo, lo que sí está ocurriendo –agrega quien también ha sido consultor de The Washington Office in Latin America– es “una saturación de efectivos militares para el control poblacional; lo que observamos es un uso excesivo de las fuerzas armadas donde el gobierno percibe que hay una situación social que escapa a su control. Esto está ocurriendo principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Y es que el Ejército (Mexicano) sí está combatiendo también a la guerrilla”.

    José Luis Piñeyro –especialista en seguridad nacional e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalco– señala el riesgo de mantener los operativos militares: “Exponer a la población civil a más violaciones a los derechos humanos y entrar a una espiral de violencia que no llevaría a ningún lado”.

    El maestro en sociología no tiene duda de que las fuerzas armadas estén combatiendo también a la guerrilla, “aunque no haya noticias de que esté sucediendo; a diferencia de los encuentros de efectivos militares con sicarios del narcotráfico, que son muy publicitados, no hay noticias de lo que se hace contra los comandos guerrilleros”.

    Guillermo Garduño, especialista en fuerzas armadas y autor de El Ejército Mexicano. Organización y estrategia, advierte que sería una “torpeza” el uso de militares para combatir por igual a grupos del narcotráfico, guerrilleros y movimientos sociales.

    —Cuando todo se coloca en la misma canasta y se quiere atacar a todos, se mete al Estado en un problema enorme. Quien ordenara eso, sólo lograría mostrar su cortedad de miras.

    El investigador de la UAM, Iztapalapa, agrega que “un grupo guerrillero cuenta con dos elementos importantes a su favor: posee una ideología, criticable o no, pero tiene un planteamiento de una promesa social; y el otro elemento es que tiene el apoyo de población, hay un grupo de civiles que lo ayuda y le permite reproducirse. Por eso no se puede combatir de la misma manera a narcotraficantes y guerrilleros. Incluso la estrategia cambia de una guerrilla a otra”.

    Acerca de la posibilidad de que los militares violen derechos humanos en su supuesto combate al narcotráfico, no tiene duda:
    —Guerra y derechos humanos no son compatibles. Cuando se está en una guerra, lo primero que se hace es una suspensión de garantías. ¿Dónde se encuentra una guerra legal? La guerra implica la ruptura del marco de la legalidad. No hay más reglas que la violencia. (ZC)

  2. Encubren desapariciones de opositores al gobierno con ‘levantones’, acusan
    Martha Elba Figueroa
    El Diario | 08-10-2010 | 00:03

    Distrito Federal— A pesar de que México no está bajo una dictadura o en una ‘guerra sucia’ en contra de opositores al gobierno, las desapariciones en el país siguen siendo una constante, las cuales son encubiertas por presuntos ‘levantones’ realizados por integrantes del crimen organizado, advirtieron organizaciones de la sociedad civil.

    En el foro “Encuentro Internacional de HIJOS: contra la desaparición forzada, por el juicio y castigo de los responsables”, Edith Juárez, integrante del movimiento HIJOS México, advirtió que “la desaparición forzada de personas sigue siendo una práctica recurrente y refina sus mecanismos por lo que la lucha contra este crimen no puede centrarse sólo en la recuperación de la memoria histórica, sino que es necesaria la denuncia”.

    Si bien el primer caso que la organización tiene documentado ocurrió en 1969, precisó, este crimen no ha cesado, al contrario, se ha sofisticado cada vez más e incluso se ha generalizado.

    “Hoy día somos famosos a nivel internacional por los llamados levantones producto de la guerra contra el narcotráfico de los cuales el estado es enteramente responsable. Todo ello cobijado bajo una palabra muy recurrente en nuestro país: la impunidad”, señaló al documentar la situación que vive México en la materia.

    Por ello, destacó en el auditorio principal del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en México así como el maíz y la tortilla son parte de nuestra cultura la impunidad del Estado También, los desaparecidos políticos son el ejemplo más fiel que tenemos de ello.

    “Nuestro país no ha vivido una dictadura como muchos países de América Latina, sin embargo los gobiernos ‘civiles’ y ‘democráticos’, no tienen nada que envidiarle a las dictaduras militares del resto del continente cuando el gobierno mexicano condenaba las violaciones a los derechos humanos en el cono sur recibía cientos de exiliados y reconocía gobiernos revolucionarios, en casa, por el contrario, actuaba contra los movimientos sociales armados con una brutal represión, desapariciones forzadas, asesinatos, cárceles por motivos políticos, tortura, militarización, creación de cuerpos paramilitares, genocidio”, recordó.

    En tanto, dijo, “con el gobierno actual la impunidad se escribe con mayúsculas. Desgraciadamente, la desaparición forzada en nuestro país es poco conocida así que a las organizaciones no sólo nos ha tocado tratar de exigirle al Estado justicia sino que además hemos tenido que hacer presente la ausencia de nuestro desaparecidos a nivel social y sobre todo enfatizar que los desaparecidos no nos faltan sólo a los familiares sino a todos, todo el tiempo”.

    Señalamientos que fueron reforzados por Pablo Álvarez, quien en entrevista para El Diario, recalcó que justo luego de la campaña visceral en contra del narcotráfico se están encubriendo algunas cosas que no son lucha contra el narcotráfico.

    “Sí sabemos que hay levantones que tienen motivos políticos que se están encubriendo como acciones del narco y por lo tanto las acciones del gobierno se encaminan también a la represión supuestamente del narco y no necesariamente están en esa lógica”, advirtió.

    Sin embargo, reconoció, es difícil hacer la separación a partir de esta estrategia, pero sí hay casos claros que la desaparición forzada por motivos políticos se está dando paralelamente a esta lucha contra el narco

    “Nosotros tenemos que averiguar y hacer un contacto más cercano con la gente con los familiares como para saber cómo podríamos determinar si son casos ligados a la delincuencia común u organizada o es una desaparición forzada de personas que está tipificado de manera diferente”, precisó.

  3. «La guerra contra el narcotráfico se utiliza para criminalizar las luchas sociales en México»

    Daniel Luna (FNSL)

    «La guerra contra el narcotráfico se utiliza para criminalizar las luchas sociales en México»
    Daniel Luna, una de las cabezas visibles de la lucha antiminera en Chiapas, denuncia el acoso y la represión sistemáticas contra los activistas políticos, sociales y de derechos humanos, así como la criminalización de todo movimiento disidente so pretexto de la guerra contra el narcotráfico.

    Daniel Luna integra la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNSL), un movimiento civil que se constituyó en 2006 para lanzar de nuevo la propuesta del socialismo como «alternativa viable para resolver el problema de los 80 millones de pobres que hay en México y cuya situación no tiene posibilidad de cambiar bajo un sistema capitalista».

    Este luchador social, «amenazado de persecución, tortura y muerte» desde el noviembre, se ha acercado a Euskal Herria de la mano de Komite Internazionalistak para denunciar ante distintas instancias y organizaciones la situación de hostigamien- to, represión y violencia que viven los activistas políticos, sociales y de derechos humanos.

    Vuelve a Euskal Herria para denunciar el acoso y la represión sistemáticas contra activistas políticos, sociales y de derechos humanos. ¿En qué se concretan?
    Son muchos años de represión y cárcel, pero en esta última etapa del FNLS el acoso y la criminalización se intensificó cuando pusimos en marcha una campaña internacional por la presentación con vida de los desaparecidos, de todos independientemente de su forma de lucha, e incluimos a dos dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo armado. Eso generó una campaña por parte del periodismo de Estado, pero nosotros mantenemos que la desaparición forzosa es un crimen de lesa humanidad que no se le puede hacer a nadie. Coincidiendo con una comparecencia sobre este tema, en mayo de 2008 empezaron los sobrevuelos rasantes de helicópteros artillados del Ejército sobre comunidades indígenas del FNLS, una amenaza directa que se prolongó durante días y dio paso a incursiones directas por tierra en algunas comunidades de Ocosingo. También en mayo murió un destaca- do compañero en un accidente muy misterioso e inexplicable; otros dos desaparecieron durante días y aparecieron en muy malas condiciones y muy golpeados; se intentó secuestrar a otro más que acabó perdiendo una pierna… No creemos en las casualidades y lo vemos como una respuesta a esa campaña contra la desaparición forzada.

    En el caso de Chiapas, la oposición a la explotación minera también ha encontrado una respuesta represiva.
    La respuesta a la oposición a las concesiones a las multinacionales mineras ha sido inmediata. El 10 de noviembre de 2008 dimos una rueda de prensa muy documentada sobre las consecuencias de la minería y a los dos días desconocidos irrumpieron en las casas de las dos personas que la dieron, cuyos nombres y fotografías salieron publicadas y les sustrajeron información. Tampoco pensamos que fuera una casualidad. Y se han dado muchos casos de hostigamiento por parte del Ejército, policías uniformados y agentes de civil coincidiendo con acciones importantes que hemos realizado. Espían nuestras llamadas telefónicas, nos hacen seguimientos, ofrecen dinero a gente próxima a cambio de información…

    ¿Qué objetivos se persiguen?
    Ahora hay un problema muy grave en México que se está denunciando en todos los estados, y es que la famosa guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico se está utilizando para intentar implicar falsamente y criminalizar las luchas sociales. Muchos de los miles de muertos y desaparecidos lo son por razones políticas, no todo el mundo está relacionado con el narcotráfico. En ese saco meten a todo aquel actor político y social que esté en contra de los intereses del Estado, ya sean los suyos o los de las transnacionales a las que ellos abren las puertas. Hay innumerables ejemplos de acusaciones muy graves contra algunos de los indígenas que se oponen a la construcción de una gran carretera que sólo responde a intereses de las cadenas turísticas transnacionales pero a ellos no les va a beneficiar porque va a deteriorar su medio ambiente y les va a desplazar, y contra quienes encabezamos la lucha antiminera en Chiapas, a los que nos imputan estar preparando un levantamiento armado en 2010 y de que para financiarnos y conseguir armas tenemos vínculos con el cártel más poderoso de la droga, el del Chapo Guzmán, y la banda criminal de los Zetas, implicada en el narcotráfico y otros negocios similares, al tiempo que nos vinculan también con el EPR, con el ERPI… con todo el mundo. Quienes aparecemos en estos informes de inteligencia militar somos las cabezas más visibles del movimiento antiminero en Chiapas y si hay algo claro es la estrategia del Estado para defender los intereses de 54 concesiones mineras dadas a cuatro empresas canadienses.

    Amnistía Internacional ya denunció la represión y la desprotección de los activistas. ¿Se ha tomado alguna medida por parte de las autoridades?
    No han hecho nada que pudiera llevar a pensar que están en vías de atender esta problemática de violación de los derechos humanos. Al contrario, es peor cada día. Es un país totalmente militarizado, con soldados que fueron entrenados no para pensar, dialogar o prevenir, sino para aniquilar. Y han actuado así en muchos sitios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido que se elimine el fuero militar, pero todo lo que sea tocar a los militares es impensable en México, y ellos hacen lo que quieren sin respetar los derechos constitucionales o humanos. Existe claramente un Estado de excepción no declarado, en el que los militares son los dueños del lugar donde se asientan y no hay más ley que la suya.

    Es inútil, entonces, recurrir a instancias del Estado. ¿Cuál es la vía que les queda?
    Una de las cosas que debemos hacer es denunciarlo ante todas las instancias posibles. Que quede constancia de que se está denunciando. Primero tenemos que agotar las instancias nacionales, aunque no tenemos ninguna esperanza en las autoridades mexicanas. Sabemos que es una pérdida de tiempo, pero queda constancia de que lo hemos denunciado y de las irregularidades cometidas durante el proceso. Optamos por la presión política y, por eso, hacemos giras como ésta. Cuando el Estado ve que los ojos de fuera están puestos sobre él, sobre todo los de Europa, afloja y nos quita un poco el riesgo que tenemos algunos encima.

    ¿Cómo se concreta la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas ante el robo de tierras, los desplazamientos, la apropiación de los recursos mineros, del agua…?
    Primero empiezan con las denuncias públicas, ahora que saben que pueden recurrir a algunos medios de comunicación y a algunos organismos de derechos humanos, y las marchas tranquilas. Nunca sirve de nada, pero se hace. No se les puede parar en los tribunales ni en las mesas de diálogo y no queda otra opción que la movilización, que suele ser bloqueos de carreteras. Te obligan a llegar a un grado extremo que es ilegal, aunque legítimo porque no tenemos otra forma de pelear. Pero la impunidad de las mineras es total.

    ¿Es la guerra contra el narcotráfico un pretexto para militarizar México y acabar con la disidencia?
    No diría que es específica para acabar con el movimiento social, sino que es una carambola a varias bandas. Tras el fraude electoral, Felipe Calderón situó el narcotráfico como principal problema del país, cuando lo era la pobreza, para tener el pretexto de sacar a las calles a los militares. Lanzó de inmediato la guerra frontal contra el narcotráfico, cuyo el primer efecto fue acallar el descontento contra el fraude electoral, pero también se hizo para garantizar los puntos pendientes de la agenda neoliberal y poder llevar a cabo la privatización del petróleo y la energía eléctrica que ya intentaron Zedillo y Fox, y con el Ejército en la calle contener el movimiento social que podía oponerse. Además, estalló la crisis económica.

    ¿Se le fue de las manos?
    Lo que pasa es que Calderón pateó el avispero. Los políticos panistas han hecho lo mismo que el PRI, imponer una nueva dictadura de ultraderecha, pero sin tomar en cuenta que hay que dar a todos para evitar problemas. Rompieron los equilibrios del mercado del narcotráfico y algunos acuerdos tácitos que había en el país, y ése fue el problema. Irrumpieron de forma irresponsable, porque Calderón debía saber que sus policías estaban totalmente implicados en el narcotráfico, en diferentes cárteles. No puedes pretender luchar contra algo tan grande como el narcotráfico cuando tienes ese tipo de Policía, Ejército y políticos.

    Según datos oficiales, en los últimos ocho años ha habido 150.000 deserciones en el Ejército, cifra que coincide con la de paramilitares. No porque hallaron mejores condiciones laborales, sino una mina de oro. El Estado los entrena con recursos públicos y luego pasan a engrosar las filas de la delincuencia organizada. Tal vez no todos, pero con un 10% que lo haga ya te voltearon el país. Y los Zetas son eso, ex militares que desertaron y ahora controlan una de las bandas criminales más importantes. Es un Ejército paralelo.

    Ha relacionado también la crisis económica con esta guerra.
    La crisis económica provoca un enorme boquete en la economía del país, cuyos principales pilares eran el petróleo y las remesas desde EEUU. Nuestra economía depende totalmente de la de EEUU, que ya no nos compra, y la economía informal, que no genera ingresos al Estado, pasa a ser una de las fuentes que sostiene el país. ¿Qué otra fuente le queda al Estado? Controlar el narcotráfico para poder hacerse con ese recurso, pero la gente que lo controla pertenece a diferentes cárteles, aunque es bien sabido que su cártel favorecido es el del Chapo Guzmán.

    Ahora sí es el principal problema del país y el Estado es culpable de meternos en una guerra que provoca muchos muertos, pero que le conviene para, en nuestro caso, criminalizarnos y vincularnos con el Chapo guzmán y los Zetas y colocarnos en una situación muy peligrosa. Lo más fácil ahora es usar el narcotráfico para criminalizar no sólo a las organizaciones sino al pueblo en general. Es una situación perfecta que favorece al Estado para apartar a los incómodos y organizar el mercado de la droga de cara a sostener al propio Estado, que se les está cayendo.

    ¿Son equiparables las situaciones de México y Colombia?
    Desgraciadamente, cada vez hay más similitudes. En vez de que la experiencia de Colombia hubiera servido a toda Latinoamérica para no repetir ese terror de Estado, ha sucedido al contrario. Uribe es uno de los presidentes más cercanos a Calderón y la asesoría del Gobierno colombiano es muy clara en este sentido. En México liberaron a los paramilitares implicados en la masacre de Acteal, en un momento en que había fuertes enfrentamientos entre un grupo paramilitar y el EZLN por la autopista turística. Inmediatamente la beligerancia de ese grupo paramilitar aumentó, porque el mensaje políti- co que les envió el Estado era que «no hay problema, si salieron los de Acteal, sale cualquiera». Y eso es Colombia..

    «El pueblo organizado tiene la necesidad de que exista no una revolución armada, pero sí un cambio»

    ¿Qué expectativas está generando el centenario de la Revolución Mexicana? ¿En qué se basa el Gobierno para decir que se está organizando un movimiento armado?
    En el sentir del pueblo organizado en México existe una decepción histórica de la Revolución y una necesidad de que exista no una revolución armada, pero sí un cambio para llevar a cabo todo lo que aquella dejó pendiente. Mucha gente pensaba que el levantamiento de 1994 era la revolución que seguía a la de 1910. Desde hace dos o tres años se hablaba de que en 2010 iba a pasar algo, pero era sobre todo entusiasmo y voluntarismo. ¿Quién tiene capacidad de convocatoria en un país de 115 millones de habitantes tan divididos? Ha habido rumores, aunque probablemente muchos de ellos alimentados desde el Gobierno.

    A nosotros nos acusaban de preparar un levantamiento para justificar la militarización. El 26 de setiembre el gobernador de Chiapas dijo tener bien detectados a los dirigentes del movimiento antiminero y que los utilizábamos para dedicarnos al tráfico de armas. Ésa fue la primera criminalización directa. El Ejército tomó la Sierra Madre, donde se concentran la mayoría de las concesiones mineras, y empezó el operativo contra el tráfico de armas que en realidad buscaba hacer un «mapeo» de quiénes pertenecen al FNLS en las comunidades.

    Por eso digo que, por un lado, está la gente entusiasta pero con poca visión e imposibilidad total de hacer una revolución; y, por otro, el Estado, que no sería la primera vez que inventa algo para sacar al Ejército a la calle y darle el pretexto para quedarse.

    ¿Cómo está la izquierda en México?
    Pues así. Toda esta crisis enorme nos toca en un momento en que la izquierda, como el país, está en crisis. No hay una priorización de lo que deberíamos hacer, algo que pudiera unirnos en las demandas mínimas. Ha habido intentos, pero no se han concretado porque han pesado más los intereses particulares de cada organización. Cuando López Obrador encabezó las preferencias electorales era porque era preferible su centro, ni siquiera centroizquierda, a la ultraderecha de Calderón, que ya conocíamos. Fue algo solamente coyuntural, no por convicción, para cerrar el paso a la ultraderecha. Por eso se pudo dar el fraude electoral, porque la gente no sentía en realidad una implicación fuerte con esa corriente.

    http://www.komiteinternazionalistak.org/index.php/eu/noticias/latinoamerica/mexico/785-daniel-luna-fnsl-lla-guerra-contra-el-narcotrafico-se-utiliza-para-criminalizar-las-luchas-sociales-en-mexicor

  4. ¡ESTUPENDO! INCREÍBLE! UNA NARRATIVA DIGNA DE UN DOCTOR EN LENGUA ESPAÑOLA Y SUPER CONOCEDOR DE HISTORIA, ¡ME ENCANTÓ!

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